Presidida por el concejal Fabián Leguizamón e integrada por los ediles Daniel Roquel y Eloy Echazú, la Comisión de Presupuesto y Hacienda desarrolló su reunión semanal de los días martes para cumplir con la labor parlamentaria del Concejo Deliberante.
Distintas iniciativas impulsadas por el concejal Evaristo Ruiz fueron remitidas a archivo por la Comisión, entre ellas: el proyecto para otorgar un adicional por función jerárquica a favor de aquellos empleados municipales que asuman cargos de conducción dentro de la organización municipal en cualquiera de sus niveles; el proyecto para la creación de un sistema de becas consistente en albergues para universitarios de Río Gallegos que estudien en otras provincias; la propuesta para declarar la emergencia por sobrepoblación canina, y en la misma línea, el proyecto de eximición de hasta un 50 % en el monto anual de impuestos municipales para aquellos vecinos que patenten perros en los términos de la ordenanza Nº 8426.
Del mismo modo, no se le concedió despacho favorable a la iniciativa de edil que busca eximir de forma permanente a la Unidad N° 15 del pago de tasas municipales por las actividades económicas no lucrativas desarrolladas por los internos en los talleres de laborterapia. Cabe mencionar que este beneficio esta contemplado en la ley nacional N° 24.372 que crea al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario con la finalidad de “propender al mejor funcionamiento y modernización de los métodos operativos de estos talleres”.
En lo que respecta al proyecto que establece precisiones sobre el cupo laboral dentro del Municipio para personas con discapacidad, se pedirá opinión a Hernán Spotti, referente del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDI). Y se enviará nota al director Municipal del Cultura para el análisis del proyecto del concejal Ruiz que busca crear un Consejo Municipal de Cultura para el asesoramiento y la planificación de actividades en materia cultural.
También se enviaron al archivo dos expedientes iniciados en el año 2015: el proyecto del concejal mandato cumplido Pablo Fadul que proponía el giro en U en la avenida Juan Domingo Perón y Juan José Paso, y la solicitud hecha por un particular para que se exima a su proyecto edilicio de la habilitación comercial (expediente vetado por el Departamento Ejecutivo Municipal).
Los ediles decidieron enviar a la Comisión Paritaria el veto impuesto por el Ejecutivo Municipal a la ordenanza N° 7732, sancionada por el órgano Legislativo el pasado 17 de noviembre de 2016. Con esta norma se restablece el pago del adicional ‘Riesgo e Insalubridad’ para el personal del Juzgado Municipal de Faltas ya que se deroga el artículo 4° de la ordenanza N° 7658 en la que se establecía la incompatibilidad de este ítem con la liquidación del adicional ‘Bonificación por incentivo laboral’.
El proyecto del concejal Juan Manuel Kingma para introducir un cambio en la ordenanza de regulación de la Comisión de Seguimiento del Transporte Público obtuvo despacho favorable con modificaciones. La propuesta original del edil consistía en cambiar el día de las reuniones de esta comisión -establecidas en el artículo 3º de la ordenanza-, sin embargo, los ediles consideraron pertinente que se deje por escrito que sean tres los representantes de la Comisión que cada año decidan esta cuestión. En tanto, el proyecto del edil que propone la actualización de la ordenanza Nº 6907 que regula la entrega de bolsas en comercios locales, fue archivado. En la propuesta se especificaba el tipo de bolsa sujeto a prohibición, señalando que son todas aquellas no biodegradables, sin hacer mención a su formato.
Igual dictamen recibió el proyecto de ordenanza del concejal Leguizamón que buscaba crear un registro de comercios del rubro imprenta dedicados a la fabricación, producción y copia de sellos identificatorios institucionales o personales, con el fin de ejercer el control sobre este rubro ante posibles falsificaciones en documentos. Entre los fundamentos esbozados para su envío al archivo, se hace mención a la
imposibilidad de controlar los casos en los que se requieran los servicios de comercios de otras provincias para la confección de sellos.
El proyecto del concejal Leguizamón para declarar por el término de cinco años la emergencia laboral en el Municipio no contó con el acompañamiento de los concejales Roquel y Echazú quienes votaron por su envío al archivo. En la iniciativa del edil se propone prohibir el ingreso de personal bajo toda modalidad de contratación u otra situación de revista prevista en el Estatuto Municipal, como también a través de planes y programas especiales, o bajo la modalidad de monotributo. También, en uno de sus artículos, se establecen límites en la asignación de categorías (en los casos de que éstas no estén estipulada por función) para los agentes municipales: hasta la categoría 18, tienen derecho a dos, y a partir de la categoría 19, a una, cada dos años sin excepción, las que deben ser otorgadas ad referéndum del Cuerpo Legislativo.
Según versa en los fundamentos del proyecto, éste tiene “la intención de poner un freno a la incorporación de personal hasta tanto se reduzca el impacto que el pago de los sueldos ejerce sobre el presupuesto municipal, dando lugar asimismo a la regularización de las situaciones laborales irregulares que se presenten en la administración municipal”.
Por último, se despachó favorablemente el proyecto de ordenanza del edil Roquel que propone modificar parte del articulado de la ordenanza 7540 Código de Faltas Municipal; como así también la propuesta del edil Echazú para declarar patrimonio histórico de Río Gallegos al edificio del ex Tiro Federal Patrio, ubicado en las calles Ramón y Cajal y Gervasio Posadas.
