Los concejales Wilson Flores y Leonardo Fuhr, integrantes de la Comisión de Legislación General del Honorable Concejo Deliberante, se reunieron esta mañana para el análisis de diversos expedientes.
Tal como se hizo en las Comisiones precedentes, los concejales aceptaron las promulgaciones parciales del Departamento Ejecutivo Municipal de dos ordenanzas:
En primer lugar, de la ordenanza N° 9081, a través de la que se encomienda a la Municipalidad colocar un mástil en cada plaza y parque de la ciudad. Desde el D.E.M propusieron un texto alternativo en donde se establece que antes de instalar un mástil en alguno de estos espacios debe realizarse un estudio de factibilidad técnica con el fin de cumplir con la normativa en materia de planificación urbana, y además debe considerarse la norma protocolar, en este caso, contar con tres mástiles para la bandera Nacional, Provincial, y la de Río Gallegos.
En segunda instancia, de la ordenanza Nº 9107 por la cual se modifica el artículo 1º de la ordenanza Nº 7273, para incorporar la obligación de colocar cartelería sobre la Ley Nacional N° 26364 (Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas). La modificación propuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal quita de la norma a los establecimientos educativos públicos y privados porque entiende que es competencia del Consejo Provincial de Educación tomar decisiones en estos ámbitos.
A su vez, despacharon de forma favorable el proyecto de ordenanza iniciado por el concejal Leonardo Fuhr que promueve la construcción de cordones inclusivos a nivel local. Este proyecto había sido analizado en el seno de dos consejos consultivos municipales: el Consejo de Seguridad y Educación Vial, y el Consejo de Discapacidad, y además se había pedido opinión a la Dirección de Planeamiento del Municipio. Ahora con los aportes realizados, se estableció la “construcción de vados y rampas de esquina a lo largo de las ochavas de cada manzana, con la finalidad de facilitar la transitabilidad de personas con distintos grados de discapacidad o problemas de desplazamiento”.
Más adelante se revisaron 25 solicitudes de eximiciones de impuestos municipales presentadas por vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, o bien, que presentan o conviven con un integrante de su familia con discapacidad. Se verificó que los solicitantes cumplieran con el informe socioeconómico requerido, y luego se procedió a darles el visto bueno según correspondiera.
